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Solicitud al Archivo de Indias

28/05/2009



[Ver Archivo Asociado]

 

La asociación propondrá medidas de control al Ministerio de Cultura.
 
La libertad de uso de la información mal entendida.- El vocal de la asociación Velázquez por Sevilla, José Guillermo Caballero, denunció que con la legislación vigente no es un delito vender a terceros la información obtenida en el Archivo de Indias sin ningún tipo de control sobre su uso. “Se argumenta que es el uso ilícito de esa información el que constituye un delito contra el patrimonio –declaró-, cuando quien vende la información de manera irresponsable es una pieza básica de esa cadena que son las bandas que expolian el patrimonio subacuático. Quien accede al Archivo de Indias debe asumir el compromiso de no transmitir la información a empresas con antecedentes en el expolio del patrimonio, igual que un estanquero no puede vender tabaco o un quiosquero pornografía a un menor de edad. Esto ya ha sido denunciado por académicos de la Real Academia de Historia, y Velázquez por Sevilla suscribe esa denuncia.”
 
Legislación mojigata.- “Se sabe –continuó Caballero- que no sólo el italiano Claudio Bonifacio vendía información del Archivo de Indias. Bien está que haya investigadores que vivan de lo que se conoce como el <<ejercicio libre>> de la profesión de historiador, pero siempre que la transmisión de información se haga bajo control. No es lo mismo vender a un señor de Méjico un número de horas de investigación para averiguar su genealogía, que indagar sobre la localización y el cargamento de un pecio. Se conoce cómo salió del Archivo de Indias la información que empleó la empresa Odyssey para el saqueo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Para comprender la magnitud de lo que hablamos, hay que tener en cuenta que más del 50% de los fondos documentales del Archivo de Indias se encuentra pendiente de investigación, y que sólo en el golfo de Cádiz hay documentados 720 hundimientos entre los años 1500 y 1820”. El vocal recordó que pueden existir unos 170 barcos cargados de tesoros entre Tarifa y Ayamonte, que podrían alcanzar un valor de 24.000 millones de euros, y que se tiene constancia de hundimientos en el río Guadalquivir, como el del navío San Antonio en 1561. “Estos expolios suponen, además, el destrozo de restos arqueológicos de gran valor histórico. En este sentido, conviene recordar que la propia UNESCO condena la actividad de las empresas cazatesoros cuestionándose incluso su existencia. Mientras tanto, aquí en España, se actúa tarde y mal, gracias al vacío provocado por una ley mojigata que no deja a nadie contento”.
          
La necesidad de incrementar las medidas preventivas.- Ante esta situación, el portavoz de Velázquez por Sevilla, Manuel Valdivieso, recalcó la necesidad de incrementar las medidas preventivas. “La labor que están realizando la Guardia Civil y la Fiscalía para la defensa de nuestro patrimonio histórico, incluyendo el subacuático, es encomiable. También hay que felicitarse de la aprobación por el Consejo de Ministros, el 30 de noviembre de 2007, del Plan Nacional de Arqueología Subacuática, del que deben resultar las Cartas Arqueológicas Subacuáticas de todo el país y la declaración como BIC de las zonas arqueológicas más importantes. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha, aparte del esfuerzo presupuestario que exigen, a buen seguro resultarán insuficientes. La recuperación de nuestros pecios exigiría una inversión mucho mayor que las partidas presupuestarias que las Administraciones pueden destinar a este asunto. Tal vez haya que encontrar fórmulas imaginativas y valientes.” 
 
            “Prueba de ello es el dinero destinado por el Ministerio de Cultura a la protección del patrimonio subacuático en 2008 –argumentó Valdivieso-. Mientras que se invirtieron 390.000 euros en lo que el Ministerio denomina protección del patrimonio subacuático, los gastos jurídicos en el litigio contra Odyssey superaron los 600.000 euros.Es decir, que nos gastamos casi el doble en defender los intereses nacionales frente a un expolio ya perpetrado, que en prevenir nuevos expolios.”
 
Velázquez por Sevilla propondrá diversas medidas.-
 
            “Somos conscientes del delicado equilibrio que existe entre la libertad de investigación y la preservación de la información del Archivo de Indias garantizando que su uso no pueda perjudicar a la conservación del patrimonio –apostilló Valdivieso-. Pese a esa dificultad, se debe buscar una fórmula de equilibrio que proteja la información sin amordazar a los investigadores.”
 

“Demandamos mecanismos administrativos y penales que controlen el uso de la información que se obtenga del Archivo de Indias –añadió el portavoz-. Lejos de perjudicar a los investigadores, entendemos que éstos han de disponer de mayores facilidades. En contrapartida, el investigador ha de asumir aquellos controles que la Administración imponga sobre el destino de la información obtenida, algo que encuentra su fundamento legal en el deber de colaboración con la Administración para proteger el patrimonio, establecido en el artículo 8 de la Ley 16/985, de Patrimonio Histórico Español, que se vulnera en este ámbito. Ello no constriñe la propiedad intelectual y no tiene por qué coartar la libertad de investigación. Simplemente supone que existan mecanismos que permitan conocer a la Administración española la localización del patrimonio subacuático antes que ningún otro agente. Por ello, la asociación propondrá al Ministerio un decálogo de medidas para la defensa de la riqueza arqueológica subacuática.”


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